Revista LIBRA
Un pionero que hizo historia

La mediación tiene una rica trayectoria, cuyos comienzos pueden encontrarse más de 350 años atrás, en 1.636, cuando los puritanos de Dedham, una comunidad local del sudeste de Boston, previeron en su carta constitutiva un sistema informal de solución de conflictos. En Nueva Betherlan, los colonizadores holandeses establecieron una Junta de Nueve Hombres, para servir como mediadores amistosos y árbitros. En la colonia de Virginia, la legislatura notó un excesivo recargo y grandes demoras en los litigios, por lo que alentó a los ciudadanos a resolver sus conflictos por sus propios medios.

Pero fue en nuestro siglo, hacia fines de los sesenta, cuando -en un esfuerzo innovador por alivianar el sistema de Cortes sobredimensionadas- comenzaron a aparecer en todos los Estados Unidos de América, los "centros de mediación", casi tal como se los concibe actualmente.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos condujo una experiencia piloto en tres ciudades americanas: Atlanta, Kansas y Los Angeles.

En mayo de 1.975 se abrió en Florida, en el condado de Dade, el primer Centro de Resolución de Conflictos entre ciudadanos. Casi inmediatamente se formó en el condado de Broward, el primer Programa de Mediación de Condado.

La mediación fue difundida a nivel nacional en 1.977, cuando el Procurador General patrocinó el establecimiento de tres Centros de Justicia Vecinal en el Estado de Florida.

En 1.978, el Presidente del Tribunal Supremo nombró el primer Comité de Resolución Alternativa de Conflictos de la Suprema Corte, el cual, a través de la Comisión de Estudios Legislativos sobre Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos, culminó su análisis en 1.985, cuando recomendó en su informe final el desarrollo de programas de mediación y de arbitraje para los Tribunales de Florida.

Esta legislación entró en vigencia el 10 de enero de 1.988, colocando a Florida a la vanguardia de la mediación anexa a los tribunales.

La Suprema Corte fue la autoridad encargada de promulgar las leyes de procedimiento para implementar este estatuto.

Cuando se creó el Centro de Resolución de Conflictos para todo el Estado de Florida, se lo estableció como programa conjunto de la Corte Suprema del Estado y la Facultad de Derecho de la Universidad de Florida. Hoy en este Centro se educan y capacitan mediadores, y se provee asistencia técnica y apoyo a los programas de Resolución de Conflictos anexos a los tribunales.

Algunos aspectos procesales de la mediación en Florida.

El Estatuto regula dos procedimientos alternativos a las acciones judiciales para resolver conflictos: el arbitraje y la mediación.

Es importante la distinción de estos dos procedimientos.

En la "mediación" un tercero neutral actúa para alentar, estimular y facilitar la resolución de un conflicto sin indicar cuál debe ser su solución. Es un proceso informal, no adversarias, que tiene como objetivo ayudar a las partes involucradas a alcanzar una solución satisfactoria para todas.

En el "arbitraje", en cambio, un tercero neutral, (individual o colegiado), atendiendo los argumentos de las partes, llega a una decisión que puede ser vinculante o no, según el caso.

a. Derivación de los asuntos de los jueces.

Siempre que se haya establecido un Programa de Mediación en la Jurisdicción correspondiente, los jueces pueden derivar todos los asuntos de derecho privado, si en ellos existe un conflicto que pueda ser sometido a mediación.

La Corte del Condado o del Circuito puede establecer un Servicio de Mediación Familiar, para ayudar a las partes a resolver los problemas relacionados con asuntos de familia. El Tribunal, de oficio o a pedido de parte, puede derivar el caso a este servicio, que se considera de interés público en Florida y que se sostiene económicamente con rentas públicas del condado o imponiendo una pequeña tasa de servicio (U$S 2) a toda acción de derecho privado que se inicie ante los Tribunales del Condado.

Para efectuar estas derivaciones, el Presidente de la Corte de cada circuito judicial confecciona una lista de mediadores, que pueden ser designados en cada caso. Previamente, aquellas personas que se han capacitado para ello conforme con los requisitos establecidos por el máximo Tribunal del propio Estado, han obtenido un certificado.

b. Una garantía novedosa: la confidencialidad.

Está expresamente previsto que quienes participen en una mediación no podrán ser obligados a declarar en juicio acerca de lo ocurrido durante las sesiones, y cualquiera de ellos podrá también impedir que quienes hayan participado en ellas revelen lo sucedido, salvo los casos en los que se haya tomado conocimiento de la comisión de un delito.

c. Un procedimiento donde no se pierde tiempo.

Una de las grandes ventajas de la mediación es el ahorro considerable de tiempo para resolver un problema.

La primera audiencia se fija dentro de los 6 días de la derivación que efectuó el juez, y la notificación a las partes se produce dentro de los 10 días.

Las audiencias no toman más de hora y media y, generalmente, son suficientes dos o tres sesiones para terminar con el asunto.

Al principio de cada audiencia, el mediador - cuyo rol será gravitante para llegar a un acuerdo - deberá describir el procedimiento a las partes. El tramo inicial de la sesión tiene como fin informarles sobre los siguientes temas:
- diferencias entre la mediación y otros medios de resolución de conflictos;
- circunstancias bajo las cuales el mediador puede separar a las partes y conversar en privado con cualquiera de ellas u otras personas presentes;
- carácter confidencial del procedimiento;
- deberes y responsabilidades del mediador y las partes;
- que cualquier acuerdo alcanzado sólo será por mutuo consentimiento.

Los abogados de las partes pueden estar presentes y comunicarse con sus clientes, sea en forma pública o en privado. El mediador también puede consultarlos o dirigirse a ellos. Sin embargo, su asistencia no es obligatoria y el mediador puede llevar a cabo el procedimiento con o sin su actuación.

Con el consentimiento de las partes el mediador puede permitir la presencia de terceros designados especialmente, ya que podrían llegar a ser necesarios expertos en asuntos involucrados en el tema.

Si no se logra el acuerdo, el mediador lo comunica al Tribunal sin más comentarios.

En caso de arribarse a una solución, ésta se plasma por escrito y es firmada por las partes. Se considera aprobado el convenio si dentro de los 10 días de notificados los abogados, éstos no se opusieran.

Inmediatamente, el resultado se presenta al Tribunal.

La mediación debe concluir dentro de los 30 días de la primera audiencia, salvo que se extienda el plazo por orden del juez interviniente o a pedido del mediador o de alguna de las partes. Pero esa extensión no podrá exceder los 60 días a partir de la fecha de la primera audiencia.

¿Qué función tiene un Tribunal en un asunto mediado?

En primer lugar le corresponde corroborar que el acuerdo está en un todo de conformidad con las leyes del lugar.

Puede rechazarlo o seguir algunos de los siguientes pasos:
- aprobarlo en todo o en parte;
- fijar audiencia para determinar el curso de acción más apropiado;
- requerir a las partes que retomen la mediación para acordar asuntos no resueltos o para modificar alguna de las cláusulas;
- solicitar que sometan algún asunto no resuelto, al arbitraje;
- someter el asunto al procedimiento judicial.

No cualquiera es mediador.

Las normas del Estado son muy estrictas con respecto a los requisitos que se le exigirán a este tercero neutral, para poder otorgarle un certificado que lo habilite para ejercer su rol.

Estos requisitos varían según se trate de mediadores que se dediquen a los asuntos de familia o a temas patrimoniales, y, entre éstos últimos según que los mediadores actúen en el ámbito de una Corte de Condado o de Circuito.

La Suprema Corte establece los requisitos para otorgar los certificados de habilitación, según que pretendan ejercer como:

a) mediadores en asuntos patrimoniales.

Si actúan en Cortes de Condado, se les exige:
- haber completado un mínimo de 20 horas de entrenamiento en el programa aprobado por la Suprema Corte;
- haber observado 4 audiencias de mediación, y
- haber co-mediado con otro mediador habilitado, un mínimo de 3 audiencias. ,

Si actúan en Cortes de Circuito, se les exige:
- haber completado un entrenamiento mínimo de 40 horas del programa aprobado;
- haber sido jueces, o
- ser miembros del Colegio de Abogados, con 5 años de práctica en Florida como mínimo.

Los programas de entrenamiento para estos mediadores en asuntos patrimoniales incluyen conocimientos sobre las siguientes materias: comunicación escrita y oral, procedimientos judiciales, teoría y técnicas de mediación, reglas de conducta para el mediador, manejo del conflicto y habilidad para intervenir en el mismo.

b) mediadores en asuntos de familia.

Para actuar ante los tribunales, se les exige:
- poseer un Master en asistencia social, salud mental o ciencias sociales; o ser psiquiatra, abogado o contador habilitado para actuar en Estados Unidos;
- tener una experiencia práctica en su campo no menor de 4 años;
- haber completado un mínimo de 40 horas de entrenamiento en el programa aprobado por la Suprema Corte, o en su defecto haber recibido el Master en Mediación Familiar en una universidad acreditada.

El programa de entrenamiento para estos mediadores incluye entre los conocimientos que deberán impartírseles - además de los que se establecen para mediadores en asuntos patrimoniales-, los siguientes: problemas psicológicos como consecuencia de divorcio, dinámica familiar, cuestiones concernientes a necesidades de los hijos en el contexto del divorcio, legislación sobre cuestiones de familia y economía familiar.

Los mediadores pueden ser voluntarios, empleados del gobierno o retribuidos según lo que establezca el acuerdo entre las partes. En ausencia de ese acuerdo, o si el mismo es objetado, el honorario a pagar será fijado por el Tribunal en la orden de derivación. Cada parte pagará una proporción del total de los honorarios.

Actualmente hay alrededor de 22.000 mediadores en los Estados Unidos, contando los que trabajan con dedicación exclusiva y los que han sido entrenados para servir como voluntarios en una red creciente de "centros de mediación pública" para solucionar conflictos de menor cuantía.

Graciela TAPIA
Abogada. Profesora Adjunta de Filosofía y Teoría General del Derecho en la U.B.A.
Integrante del grupo "QUANTUM" (Investigación sobre cuantificación de daños con apoyo informático)