Revista LIBRA
Métodos RAD Otro proceso RAD en nuestra legislación: Conciliación laboral en la Ley 24.653

Con las características particulares de la materia laboral, también se recepta este instituto incluyéndose la creación de un organismo administrativo especial.

Los conflictos laborales estuvieron sometidos a acuerdos y avenimientos mediante la conciliación, lográndose transacciones judiciales o extrajudiciales. Ahora, en lugar de tender a la clásica conciliación voluntaria, en consonancia con los nuevos criterios normativos, se ha dictado la ley 24.635 de Conciliación obligatoria de los juicios laborales, sancionada el 10-4-96 y promulgada el 26-4-96. El sistema se encuentra en vigencia a partir del 1-9-97. La ley fue reglamentada por decreto 1169/96.

Además, sin perjuicio de que la legislación sobre infortunios laborales (ley 9688 y sus modificatorias 23.643 y 24.028) ha sido derogada por la 1ey 24.557 que en sustitución del régimen de accidentes y enfermedades del trabajo instaura las Aseguradoras de Riesgode Trabajo (ART), esta normativa es forma transitoria y para cuestiones pendientes, impone que el procedimiento de conciliación de la ley 24.028 que contenía una actuación administrativa voluntaria, también sea obligatorio.

Como antecedente merece citarse el Decreto-ley 32.347/44 que preveía la celebración de una audiencia ante la Comisión de Conciliación. Dictada la ley 18.345, la audiencia de conciliación se siguió celebrando, pero ahora ante el juzgado. Si no se lograba el acuerdo, recién entonces correspondía contestar la demanda.

De conformidad con el nuevo régimen instaurado, los reclamos individuales y plurindividuales que versen sobre conflictos de derecho de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, serán dirimidos con carácter obligatorio y previo a la demanda judicial, ante el organismo administrativo denominado Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el que tendrá a su cargo la sustanciación del procedimiento de conciliación laboral, por medio de conciliadores inscriptos en el Ministerio de Justicia, el que será responsable de constitución, calificación , coordinación , depuración , actualización y gobierno. El procedimiento es gratuito para el trabajador y sus derechohabientes.

En alguna medida paralela a la mediación y en lo pertinente al fuero laboral se encuentran excluidos:

  1. La interposición de acciones de amparo y medidas cautelares
  2. Las diligencias preeliminares y prueba anticipada
  3. Reclamos que hayan sido objeto de acciones previstas en los procedimientos de reestructuración productiva, preventivo de crisis o de conciliación obligatoria previstos en las leyes 24.013 y 14.786
  4. Las demandas contra empleadores concursados o quebrados.
  5. Las demandas contra el Estado nacional, provincial o municipal.
  6. Las acciones promovidas por menores que requieran la intervención del Ministerio Público

El sistema difiere del de mediación, pues no está conectado a los tribunales, sino al Ministerio de Trabajo, que será ante quien se formalice la petición y el que designe al conciliador que va a entender en el reclamo interpuesto. Al estar radicado en sede administrativa, no se sortea juez en forma simultánea a la designación de conciliador.

El acuerdo conciliatorio se instrumentará en un acta especial firmada por el conciliador y por las partes, sus asistentes y sus representantes si hubiesen intervenido y se hallaren presentes, el cual se someterá a la homologación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que sólo podrá otorgarla cuando entienda que el mismo implica una justa composición del derecho y de los intereses de las partes conforme a lo previsto en la ley de Contrato de Trabajo. A estos fines, los términos del acuerdo deberán expresarse claramente en el acta especial. La autoridad administrativa puede, homologar, rechazar u observar acuerdo, para lo cual tiene tres días partir de su elevación. En este último c so, para cuya actuación se conceden diez días, lo devolverá al conciliador para que intente lograr un nuevo acuerdo que convenga a las observaciones señaladas Por el contrario, si como autoridad el Ministerio de Trabajo deniega la homologación, dará al interesado una certificación de tal circunstancia, quedando así expedita la vía judicial ordinaria.

En caso de incumplimiento del acuerdo conciliatorio homologado, éste sed ejecutable ante los tribunales nacionales de primera instancia del trabajo por el procedimiento de ejecución de sentencia. El juez merituará la conducta del empleador a los fines de imponerle una multa a favor del trabajador de hasta el 30% del monto conciliado.

Fracasada la instancia de intento de acuerdo, el conciliador podrá proponer las partes que sometan la disputa a un arbitraje, suscribiendo el respectivo compromiso arbitral.